Acusan a Procasa de desatender el edificio público de Lacave 9. El PSOE reclama actuaciones ante las deficiencias denunciadas por los residentes.
Los vecinos del edificio municipal de viviendas de Lacave 9, en Cádiz, llevan tiempo trasladando distintas quejas relacionadas con el estado del inmueble. Humedades, problemas en la instalación eléctrica, presencia de plagas y la desconexión del telefonillo forman parte de las deficiencias señaladas por los residentes, que reclaman una respuesta por parte de la empresa pública PROCASA y del Ayuntamiento.
La situación ha sido trasladada públicamente por el PSOE de Cádiz, cuyos representantes han visitado el inmueble después de recoger las reclamaciones de los inquilinos. La formación sostiene que las condiciones de algunas zonas del edificio requieren actuaciones y mantenimiento por parte de la administración responsable de la gestión de estas viviendas públicas.
Los residentes señalan problemas que afectan al día a día
Para quienes viven en Lacave 9, algunas de las deficiencias denunciadas no se limitan a desperfectos estéticos. Según la información facilitada por los socialistas, las humedades presentes en la finca afectan también al entramado eléctrico, que la formación califica de obsoleto. El PSOE considera que esta situación incrementa la preocupación de las familias residentes por el estado de las instalaciones.
La denuncia añade otros problemas que repercuten directamente en el funcionamiento del edificio. Uno de ellos es la desconexión del telefonillo, una circunstancia que, según los vecinos, les obliga a mantener abierta la puerta exterior de acceso al bloque para poder recibir visitas o facilitar la entrada.
Una puerta abierta y presencia de plagas
La imposibilidad de utilizar correctamente el sistema de acceso ha generado, según la denuncia socialista, una situación especialmente incómoda para los residentes. Mantener abierta la puerta exterior facilita además, siempre según lo trasladado por el PSOE, la entrada de ratas y cucarachas en las zonas comunes.
La formación política considera que la reparación del telefonillo constituye una actuación básica que debería resolverse dentro de las obligaciones de mantenimiento de un edificio público. Para los residentes, disponer de un acceso que funcione correctamente supone recuperar una prestación elemental del inmueble y evitar que una avería prolongada termine generando nuevos inconvenientes.
Un cuadro eléctrico que preocupa a los inquilinos
Uno de los aspectos que mayor preocupación ha generado es el estado de la instalación eléctrica. El PSOE sostiene que las humedades llegan a zonas relacionadas con el cableado y que el entramado presenta un elevado grado de deterioro. Ante una instalación eléctrica antigua o deteriorada, cualquier incidencia debe ser revisada por personal cualificado y, cuando corresponda, corregida antes de que pueda derivar en una situación de mayor riesgo.
En relación con los equipos de protección, un extintor co2 2 kg puede utilizarse para sofocar determinados fuegos relacionados con equipos eléctricos bajo tensión, debido a que el dióxido de carbono no conduce la electricidad y no deja residuos sobre los aparatos. Su disponibilidad, no obstante, no sustituye la reparación de una instalación defectuosa ni las obligaciones de mantenimiento que correspondan al titular del inmueble.
Los vecinos aseguran que afrontan reparaciones por su cuenta
Otro de los puntos denunciados por el PSOE se refiere al coste de determinadas reparaciones. Los socialistas aseguran que algunos inquilinos están asumiendo con recursos propios intervenciones que consideran responsabilidad de la empresa pública municipal, debido a los problemas de mantenimiento que atribuyen a PROCASA.
Esta situación ha llevado a los residentes a reclamar soluciones que permitan determinar qué actuaciones corresponden a la administración y cuáles deben asumir los particulares. La denuncia socialista apunta a que las familias no deberían verse obligadas a afrontar gastos derivados de deficiencias generales del inmueble.
El gasto en equipos de seguridad no debe ocultar el problema de fondo
La preocupación por el estado de la instalación también puede llevar a los residentes a plantearse la necesidad de comprar extintor para disponer de un recurso adicional ante una eventual emergencia. En cualquier caso, la adquisición de un equipo contra incendios no puede considerarse una solución para una instalación eléctrica deteriorada: la actuación prioritaria debe centrarse en identificar y corregir las deficiencias técnicas existentes.
Los equipos portátiles deben seleccionarse además atendiendo al tipo de riesgo, su ubicación y las características del edificio. En instalaciones eléctricas, el uso de dióxido de carbono puede resultar apropiado para determinados fuegos mientras los equipos permanecen energizados, siempre siguiendo las instrucciones de utilización y las condiciones establecidas para cada instalación.
Los socialistas cuestionan la gestión de PROCASA
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, el secretario general del PSOE local, José Ramón Ortega, y el concejal socialista José Macías participaron en la visita al inmueble. Tras recorrer las instalaciones, los representantes del PSOE calificaron de “inadmisible” la situación que, según su versión, padecen los residentes.
La formación acusa al equipo de Gobierno de Bruno García de mantener una gestión insuficiente del parque público de viviendas. Los socialistas establecen además una comparación entre las exigencias que, a su juicio, el Ayuntamiento plantea a los propietarios privados y el estado que presentan algunas viviendas municipales.
La agrupación de inquilinos, otro punto de conflicto
Los residentes también han intentado organizarse mediante una agrupación formal de inquilinos con el objetivo de canalizar sus reclamaciones y buscar soluciones colectivas. Sin embargo, el PSOE sostiene que los trámites administrativos necesarios para constituirla no estarían siendo facilitados por la administración local.
La posibilidad de contar con una representación organizada permitiría a los vecinos trasladar sus demandas de forma conjunta y realizar un seguimiento de las actuaciones pendientes. Para el PSOE, las dificultades administrativas denunciadas añaden otro obstáculo a una situación que ya arrastra problemas de mantenimiento.
El PSOE reclama una actuación municipal
La formación socialista vincula las deficiencias de Lacave 9 con la gestión general del parque público de alquiler de Cádiz. En sus declaraciones, cuestiona que existan recursos económicos disponibles mientras, según sus datos, se mantienen cantidades superiores a los 100 millones de euros en las cuentas municipales y quedan partidas presupuestarias sin ejecutar.
Los socialistas reclaman que el Ayuntamiento y PROCASA actúen sobre los problemas comunicados por los residentes y que se atiendan especialmente aquellas deficiencias que afectan a instalaciones comunes y elementos esenciales del edificio. Comparte esta entrada y sigue leyendo más reportajes en westerostoday.es.
Una reclamación pendiente de respuesta
La denuncia política deja ahora sobre la mesa las actuaciones que puedan adoptar PROCASA y el Ayuntamiento de Cádiz ante las reclamaciones planteadas por los inquilinos. El estado de las instalaciones eléctricas, las humedades, el acceso al edificio y las condiciones de las zonas comunes concentran buena parte de las quejas trasladadas.
Entre las cuestiones relacionadas con la protección frente a posibles incidencias eléctricas, un extintor co2 5 kg puede ofrecer mayor capacidad de descarga que un modelo de menor carga, aunque su elección debe responder a las necesidades concretas del inmueble y a los criterios técnicos aplicables. En ningún caso este tipo de equipo reemplaza las reparaciones necesarias sobre el cuadro eléctrico o el cableado.
Los residentes esperan una respuesta de PROCASA y del Ayuntamiento de Cádiz
Los residentes esperan que las reclamaciones sean atendidas y que las deficiencias comunicadas puedan ser evaluadas por los responsables del mantenimiento. Mientras tanto, el PSOE mantiene su presión sobre el Gobierno municipal para que adopte medidas en Lacave 9 y garantice que las viviendas públicas gestionadas por PROCASA se mantengan en condiciones adecuadas para las familias que las ocupan.
