Vivir encima de un comercio que explotó en Calella: miedo, silencio institucional y dudas sobre la seguridad. Una explosión que cambió la vida de un edificio entero.
La noche del 22 de junio de 2022 quedó grabada en la memoria de los vecinos de un edificio de Calella. Poco antes de las once, varias explosiones sacudieron la tranquilidad de un bloque residencial situado sobre un comercio dedicado a la venta y reparación de bicicletas y patinetes eléctricos. En ese momento, Cristóbal se encontraba en su vivienda junto a su pareja y su hija, que apenas tenía tres meses. El primer pensamiento fue lógico en fechas próximas a San Juan: petardos. Sin embargo, el estruendo era distinto, más seco, más profundo, acompañado de un olor penetrante que en segundos se transformó en una amenaza real.
No eran petardos. Una batería que se estaba cargando en el interior del local explotó, provocando un incendio que llenó el edificio de humo negro y tóxico. Cuatro dotaciones de bomberos acudieron al lugar y fue necesario desalojar preventivamente a los vecinos de 15 viviendas. El humo se propagó rápidamente por el patio interior y alcanzó varios pisos, incluido el de Cristóbal. Dos personas fueron atendidas por inhalación leve de humo y una de ellas fue trasladada al hospital por precaución.
La escena fue caótica, pero también reveladora. Personas que se encontraban en terrazas cercanas dieron la voz de alarma, tocaron timbres y alertaron a los residentes. El olor a quemado se percibía en gran parte de la localidad, una mezcla de plásticos, gomas y componentes eléctricos. “Si esto llega a pasar a las tres de la mañana, morimos todos”, resume el vecino, convencido de que aquella reacción espontánea evitó una tragedia mayor.
El riesgo silencioso de las baterías de litio en locales comerciales
El incendio abrió una grieta difícil de cerrar: la sensación de inseguridad permanente. La actividad del local implicaba la carga y manipulación constante de baterías de litio, un elemento cada vez más presente en entornos urbanos, pero que exige condiciones técnicas muy específicas. Sistemas de ventilación adecuados, sectorización contra incendios y protocolos claros no son opcionales cuando se trabaja con este tipo de energía.
En este contexto, el debate sobre la prevención cobra especial relevancia. La presencia de un extintor baterias litio correctamente homologado y accesible no es un detalle menor, sino una barrera crítica para evitar la propagación del fuego en los primeros segundos. La ausencia o inadecuación de estos sistemas convierte cualquier incidente en un riesgo directo para las viviendas colindantes, como ocurrió en Calella.
De tienda de souvenirs a punto caliente eléctrico
El local no siempre fue un comercio vinculado a la movilidad eléctrica. Anteriormente, había funcionado como tienda de souvenirs, con una instalación eléctrica pensada para un consumo mínimo. Según el testimonio del vecino afectado, la transformación del negocio no vino acompañada de una renovación integral de las infraestructuras. Persistían problemas de humedades y filtraciones, y la red eléctrica original se mantuvo prácticamente intacta.
Pasar de vender recuerdos a conectar decenas de cargadores simultáneamente supone un salto técnico que requiere controles estrictos. La carga masiva de baterías incrementa el riesgo térmico y exige dispositivos específicos como un extintor litio, diseñado para actuar sobre fuegos provocados por este tipo de componentes, que no se comportan como incendios convencionales.
La pregunta que sigue sin respuesta
Tras el incendio, lejos de cerrarse el episodio, comenzó un proceso largo y frustrante. Cristóbal inició una cadena de solicitudes formales al Ayuntamiento de Calella para obtener información clara sobre la licencia de actividad del local, las inspecciones realizadas y las medidas de seguridad exigidas tras el siniestro. Instancias registradas, correos electrónicos y peticiones reiteradas marcaron los meses siguientes.
Desde el consistorio se sostiene que un ingeniero municipal atendió a los vecinos tanto telefónica como presencialmente. Sin embargo, el propio Ayuntamiento reconoce no disponer de constancia documental ni fechas concretas de esas supuestas reuniones. El vecino lo niega rotundamente y explica que exigió comunicación por escrito para evitar interpretaciones posteriores. Las respuestas recibidas, según relata, fueron ambiguas y no despejaron las dudas fundamentales.
Expedientes abiertos y un local que sigue funcionando
En enero de 2024, el Ayuntamiento notificó la apertura de expedientes para subsanar deficiencias detectadas en inspecciones posteriores. Entre las medidas exigidas figuraban actuaciones para evitar la propagación del fuego y la adecuación de diversos elementos técnicos. Los informes municipales señalaban deficiencias acústicas, elementos sin aislar correctamente y zonas sin techo.
Pese a ello, el local continuó abierto. Para el vecino, esta circunstancia confirma que algo no encaja. La sensación de vulnerabilidad se agrava al comprobar que, a pesar de reconocer fallos, la actividad no se detuvo. Este escenario alimenta un conflicto creciente dentro de la comunidad de propietarios, con reproches cruzados entre el inquilino del local y el propietario del inmueble, así como dudas sobre la cobertura de los seguros.
Miedo, salud mental y convivencia deteriorada
El impacto del incendio no fue solo material. Cristóbal estuvo más de un año de baja por ansiedad, una consecuencia directa de vivir sobre un espacio que considera potencialmente peligroso. Aunque recibió el alta médica, el miedo persiste. Ruidos nocturnos, olores extraños o cualquier indicio mínimo activan una alerta constante. Hace pocas semanas, al detectar humo en la escalera, volvió a llamar a la policía.
Este tipo de situaciones ponen de relieve un problema estructural: la falta de comunicación clara y eficaz entre administraciones y ciudadanos. En un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, la seguridad residencial queda en una zona gris que genera desconfianza y desgaste emocional.
El papel del Síndic de Greuges y la sensación de opacidad
Ante la falta de respuestas satisfactorias, el caso llegó al Síndic de Greuges de Catalunya. A través de este organismo, el Ayuntamiento trasladó información sobre las medidas de seguridad finalmente exigidas a la propiedad del establecimiento. No obstante, el proceso fue percibido como lento y poco transparente.
El vecino sospecha que detrás del silencio administrativo existen intereses cruzados relacionados con licencias concedidas poco antes del incendio, responsabilidades patrimoniales y la actividad económica del negocio. Una interpretación que no puede probar, pero que, tras casi tres años de reclamaciones, considera la única explicación plausible.
Un debate que trasciende el caso de Calella
Lo ocurrido en este edificio no es un hecho aislado. El auge de la movilidad eléctrica plantea retos urgentes en materia de seguridad urbana. La correcta adaptación de locales, la exigencia de medidas técnicas actualizadas y la supervisión efectiva son cuestiones que deben abordarse con rigor. En este contexto, la cobertura informativa y las noticias sobre incidentes similares ponen el foco en una realidad que afecta a miles de vecinos en toda España.
La demanda de Cristóbal es clara y razonable: documentación completa, una revisión técnica concluyente y la garantía de que su vivienda es segura. No se trata de frenar la actividad económica, sino de asegurar que esta se desarrolla sin poner en riesgo vidas humanas.
Seguridad, transparencia y responsabilidad
Vivir encima de un comercio que ya ha sufrido una explosión no debería convertirse en una condena al miedo permanente. La seguridad no puede ser negociable ni depender de interpretaciones administrativas. La transparencia, la prevención y la responsabilidad institucional son pilares imprescindibles para restaurar la confianza de los ciudadanos.
El caso de Calella evidencia la necesidad de revisar protocolos, actualizar normativas y escuchar a quienes conviven a diario con los riesgos. Porque cuando se habla de baterías, incendios y viviendas, no se trata solo de expedientes: se trata de personas.
