Impacto del RD 164/2025 en el Diseño y Certificación de Equipos PCI. Un nuevo escenario normativo para la protección contra incendios.
La entrada en vigor del RD 164/2025 marca una transformación profunda en la regulación de la protección contra incendios (PCI) en España. Desde noviembre de 2025, el marco normativo establece criterios más estrictos en diseño, certificación, instalación y mantenimiento de los equipos, con un énfasis claro en la eficacia real, la trazabilidad documental y la responsabilidad técnica. Este cambio eleva el estándar exigido en actividades con riesgo medio y alto, afectando de forma directa a entornos industriales, logísticos y de actividad económica intensiva.
El nuevo real decreto no se limita a una actualización puntual: redefine el enfoque técnico, elimina ambigüedades históricas y refuerza el control verificable del riesgo. A partir de ahora, cada solución PCI debe responder a parámetros objetivos y auditables, con coherencia total entre proyecto, ejecución y mantenimiento. La norma consolida un modelo profesionalizado, alineado con estándares europeos y orientado a la prevención efectiva.
Alcance regulatorio del RD 164/2025 en equipos PCI
El RD 164/2025 introduce una revisión integral de los criterios técnicos mínimos, la certificación reforzada de equipos y componentes, y la digitalización obligatoria de actas. Se exige trazabilidad completa durante todo el ciclo de vida del equipo PCI, desde el diseño hasta su retirada. Además, la responsabilidad técnica queda claramente definida para fabricantes, instaladores, mantenedores y titulares de actividad, eliminando interpretaciones laxas y prácticas de mínimos.
Entre los ejes regulatorios destacan: adecuación al riesgo real, correspondencia exacta entre equipo certificado e instalado, cumplimiento estricto de normas UNE y EN aplicables, y disponibilidad inmediata de documentación digital ante inspecciones. El resultado es un sistema más robusto, transparente y eficaz.
Selección técnica de equipos: extintor 3 kg y criterios de uso
La selección de equipos portátiles adquiere una relevancia técnica decisiva. El extintor 3 kg mantiene su legalidad, pero su aplicación queda supeditada a una justificación técnica expresa en el proyecto. El RD 164/2025 prioriza la eficacia mínima exigida frente a soluciones genéricas, penalizando el uso por defecto sin análisis de carga de fuego, combustibles presentes y ocupación.
En espacios de baja carga de fuego o superficie muy reducida, el extintor 3 kg puede resultar defendible si la memoria técnica lo acredita. En cambio, en áreas con mayor exposición, su empleo sin justificación se considera insuficiente. Este criterio reduce el margen de improvisación y obliga a una evaluación precisa del riesgo.
Eficacia operativa y estándar recomendado: extintor 6 kg como referencia
El estándar operativo evoluciona hacia soluciones con mayor capacidad de extinción. En comercios, oficinas y zonas de atención al público, el extintor 6 kg ABC con eficacia mínima 21A-113B se consolida como referencia técnica. Esta elección responde a la necesidad de controlar el conato con mayor margen operativo y reducir tiempos de intervención.
La norma refuerza la coherencia entre proyecto, instalación y mantenimiento, evitando sustituciones por criterios comerciales. En áreas con equipos eléctricos sensibles, se priorizan alternativas como CO₂, minimizando daños colaterales. La clave es la adecuación técnica documentada, no el coste unitario.
La certificación experimenta un antes y un después
Se destaca el impacto del RD 164/2025 en el Diseño y Certificación de Equipos PCI. El RD 164/2025 redefine el diseño basado en riesgo real, descartando soluciones estándar no justificadas. Cada sistema PCI debe responder a parámetros medibles: carga de fuego, tipología de combustibles, actividad desarrollada y ocupación. Este enfoque penaliza el sobredimensionamiento por defecto y eleva el peso del proyecto técnico como documento rector.
Asimismo, se exige correspondencia exacta entre modelo certificado y equipo instalado, certificados vigentes y trazables, y cumplimiento verificable de las normas aplicables. Quedan fuera certificados obsoletos o equivalencias no demostrables. La inspección se apoya en evidencias técnicas, reduciendo la subjetividad.
Responsabilidad técnica claramente delimitada
La norma establece un reparto de responsabilidades preciso: el fabricante responde del diseño y la certificación; el instalador, de la ejecución conforme a proyecto; el mantenedor, de la operatividad y la documentación; y el titular de la actividad, de disponer de equipos conformes y mantenidos. Esta delimitación incrementa la seguridad jurídica y eleva el nivel de exigencia profesional.
El resultado es un ecosistema más fiable, con menos margen para prácticas irregulares y mayor protección de personas y bienes. La trazabilidad integral facilita auditorías y refuerza la confianza en el sistema.
Digitalización obligatoria de actas y control documental
Desde 2026, las actas digitales son obligatorias. Deben garantizar integridad, fecha, identificación del responsable técnico y accesibilidad inmediata. La trazabilidad histórica completa se convierte en requisito esencial ante inspecciones municipales y autonómicas.
La digitalización reduce errores, evita pérdidas documentales y mejora la transparencia. Lejos de añadir burocracia, el objetivo es asegurar un control efectivo y verificable, alineado con la realidad operativa de las instalaciones.
Licencias de actividad y apertura: coherencia total
Para la obtención o renovación de licencias, el principio es inequívoco: lo que no figura en el proyecto técnico no existe a efectos normativos. El tipo, número y eficacia de los equipos PCI deben quedar claramente definidos. Las soluciones de compromiso quedan expuestas en inspección, y la coherencia entre proyecto, instalación y actas es obligatoria.
Las inspecciones evolucionan hacia un enfoque más técnico y menos interpretativo. Se evalúa la adecuación al riesgo, la vigencia de certificaciones y la disponibilidad documental. Este cambio reduce arbitrariedades y eleva la calidad del cumplimiento.
Sectores con mayor impacto regulatorio
Aunque la norma afecta a todo el tejido productivo, el impacto es especialmente relevante en industria, logística, naves industriales, restauración profesional, centros comerciales y edificios con instalaciones eléctricas críticas. En estos ámbitos, el tránsito de “cumplir expediente” a controlar riesgo real es decisivo.
Estrategia de adaptación técnica y operativa
La adaptación eficiente pasa por revisar y actualizar proyectos, sustituir equipos de eficacia insuficiente, implantar gestión documental digital, trabajar con empresas certificadas y anticiparse a inspecciones. La proactividad reduce costes, evita sanciones y consolida la continuidad operativa.
Exigencia técnica como garantía de seguridad
El RD 164/2025 eleva el estándar del sector PCI, fortalece la prevención y reduce la improvisación. Diseñar y certificar conforme a esta norma es una obligación técnica, legal y estratégica. El resultado es un sistema más seguro, auditable y alineado con las mejores prácticas europeas.
