Palma refuerza el control del alquiler turístico tras detectar una elevada oferta irregular. Urbanismo aprueba un cambio clave que redefine el futuro de las viviendas turísticas en el municipio.
La ciudad de Palma vuelve a situarse en el centro del debate público tras conocerse que un tercio de la oferta de viviendas turísticas opera al margen de la legalidad y que solo 14 inmuebles cuentan con licencia temporal vigente. Los datos, presentados en Gerencia de Urbanismo, han impulsado una modificación del Plan General que declara todo el municipio como zona no apta para nuevas plazas de alquiler turístico, una decisión respaldada por PP, PSOE y Més, con la abstención de Vox. La medida llega en un momento de creciente presión vecinal, con turistas transitando por el centro histórico con maletas y una percepción generalizada de saturación urbana.
El informe técnico que sustenta la decisión se apoya en cifras oficiales y en el análisis de la evolución del mercado. En 2025 se contabilizaron 954 viviendas turísticas según el INE, frente a 632 inmuebles con licencia vigente reconocidos por el Consell de Mallorca y el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics. Este desfase confirma una realidad que el Ayuntamiento considera insostenible y que exige acciones firmes, continuadas y sin excepciones, con un calendario administrativo ya definido para su aprobación definitiva.
Requisitos de seguridad y equipamiento en viviendas turísticas
En este escenario de mayor control, la seguridad en los alojamientos adquiere un protagonismo indiscutible. La normativa y las inspecciones ponen el foco en el cumplimiento de las obligaciones básicas para proteger a huéspedes y propietarios. Entre ellas, destaca la correcta dotación de extintor y botiquin, elementos esenciales que forman parte de los estándares mínimos exigidos en alojamientos destinados a uso turístico.
Nosotros observamos que la falta de estos equipos no solo supone un riesgo evidente, sino también un factor agravante en caso de inspección. La Administración avanza hacia un modelo donde el cumplimiento técnico y documental será tan relevante como la licencia urbanística, reforzando así la protección del visitante y la convivencia en las comunidades de vecinos.
Control del extintor piso turístico ante el endurecimiento normativo
La decisión municipal de prohibir nuevas plazas sin zonas grises implica una revisión exhaustiva de los inmuebles ya existentes. En este punto, el extintor piso turistico se convierte en un elemento clave dentro de las inspecciones, ya que su presencia, homologación y mantenimiento periódico forman parte de los criterios técnicos evaluados por los inspectores.
El concejal de Urbanismo subrayó que menos del 2 % de las plazas actuales corresponden a licencias no permanentes, lo que demuestra que el margen de maniobra es reducido. Sin embargo, la eliminación progresiva de estas licencias refuerza la necesidad de que cada inmueble autorizado cumpla de forma estricta con todos los requisitos, evitando sanciones y posibles bajas definitivas en el registro municipal.
El papel de las noticias en la percepción pública del alquiler turístico
La difusión constante de noticias relacionadas con el alquiler turístico influye directamente en la opinión ciudadana y en la toma de decisiones políticas. Los datos sobre ilegalidad, la saturación de determinados barrios y las medidas de control adoptadas generan un marco informativo que condiciona tanto a propietarios como a inversores.
Desde nuestra perspectiva, la transparencia informativa es un factor determinante para entender el alcance real de la problemática. La cobertura mediática ha puesto de relieve que el 24 % de las plazas legales se sitúan en ámbitos actualmente excluidos de comercialización, lo que evidencia una desconexión entre licencias históricas y la regulación vigente.
Impacto del cambio urbanístico en el mercado inmobiliario de Palma
La modificación del Plan General limita de forma expresa el crecimiento previsto, que anteriormente contemplaba 231 viviendas en suelo urbano y 143 en suelo rústico. Esta restricción redefine el mercado, reduce la expectativa de nuevas altas y orienta la política municipal hacia un decrecimiento progresivo del alquiler turístico.
Nosotros identificamos que esta estrategia busca equilibrar la convivencia vecinal, frenar la presión sobre el parque residencial y reforzar el uso habitual de la vivienda. Aunque el Ayuntamiento evita pronunciarse sobre el impacto directo en los precios, la limitación de la oferta turística introduce un nuevo escenario para propietarios y residentes.
Lucha contra la oferta ilegal y refuerzo de la inspección
La creación de la Oficina de Antiokupación y la asignación de dos inspectores al convenio entre Ajuntament y Consell representan un paso adicional en la lucha contra la oferta ilegal. La estrategia municipal combina control administrativo, inspección técnica y seguimiento continuo, con el objetivo de reducir de forma efectiva las viviendas fuera de la normativa.
El discurso institucional insiste en que no se trata de una medida aislada, sino de una hoja de ruta clara y sostenida en el tiempo, capaz de blindar a Palma frente a incrementos indirectos de plazas turísticas procedentes de otros planes insulares.
Evolución histórica y cambio de enfoque político
Entre 2015 y 2023, las licencias de alquiler turístico en Baleares crecieron un 165 %, una cifra que explica el giro actual hacia políticas más restrictivas. La prohibición previa en viviendas plurifamiliares y los conflictos judiciales asociados marcaron un precedente que hoy se retoma con mayor contundencia y respaldo técnico.
Nosotros entendemos que el nuevo enfoque pretende cerrar definitivamente la puerta a interpretaciones laxas, apostando por una regulación clara, homogénea y sin excepciones, capaz de sostenerse jurídicamente y de responder a las demandas sociales.
Un nuevo escenario para las viviendas turísticas en Palma
Palma inicia una etapa de control reforzado, limitación estricta y supervisión continua del alquiler turístico. La detección de una elevada oferta ilegal y la mínima presencia de licencias temporales justifican una decisión que redefine el modelo urbano y turístico del municipio. El cumplimiento normativo, la seguridad en los inmuebles y la transparencia informativa se consolidan como pilares fundamentales de esta nueva fase.
