Multas en Figueres por no usar el catalán en los rótulos: la polémica se reaviva
En Figueres, el debate vuelve a arder entre escaparates, normativas y rótulos. Dos comercios han sido sancionados por no rotular en catalán y una docena más han recibido advertencias del Ayuntamiento. La historia se repite, pero esta vez el trasfondo va más allá del idioma: toca directamente el pulso de la burocracia municipal, de las licencias de actividad y de cómo el cumplimiento normativo se ha convertido en un laberinto donde cualquier paso en falso puede costar caro.
El contexto: entre el deber lingüístico y la libertad comercial
El consistorio, encabezado por la concejalía de Lengua Catalana, ha intensificado su campaña para garantizar que los negocios de la ciudad rotulen en catalán. Las sanciones, que pueden alcanzar los 3.000 euros, no solo buscan promover el uso del idioma, sino también reforzar una identidad cultural que algunos perciben como impuesta más que natural. En esta ecuación, los comerciantes —muchos recién llegados o autónomos que apenas levantan la persiana— se enfrentan a un nuevo obstáculo normativo que añade presión a la ya compleja gestión de sus licencias.
Y es que, cuando uno abre un negocio, el cartel que cuelga fuera no es solo una cuestión estética o de marca. Es también una cuestión administrativa. Desde el momento en que se tramitan las licencias de apertura, el Ayuntamiento informa a los titulares sobre la obligación de rotular en catalán. Un detalle que, si se pasa por alto, puede terminar en expediente sancionador.
Licencias, declaraciones y permisos: el otro idioma que todo comerciante debe dominar
Más allá del idioma de los rótulos, hay otro lenguaje que domina la escena empresarial actual: el de las licencias de actividad, las declaraciones responsables y las licencias de obras. Cada negocio necesita adaptarse a una normativa cambiante y, a menudo, enrevesada. En ciudades como Figueres, donde la administración local se muestra estricta con el cumplimiento de las reglas, la obtención de estos permisos no es una opción, sino un requisito vital para abrir la persiana con tranquilidad.
Lo paradójico es que muchos empresarios que invierten en adaptar sus instalaciones, mejorar su ventilación, renovar su mobiliario o cumplir con las medidas contra incendios, acaban tropezando en algo tan aparentemente menor como el idioma del rótulo. Y mientras tanto, el Ayuntamiento recuerda que no hay excusas: todos deben ajustarse a la normativa lingüística, del mismo modo que deben hacerlo con la seguridad o la accesibilidad.
Es, sin duda, una cuestión de prioridades. Mientras unos ponen el acento en la cultura, otros lo ponen en la economía. Pero ambos mundos se cruzan inevitablemente en la ventanilla de una licencia de apertura.
La nueva realidad del comerciante: entre normativas cruzadas y sanciones inesperadas
Hoy, abrir un negocio en cualquier municipio catalán exige algo más que ilusión y capital. Exige saber navegar por un océano de normativas locales. La licencia de actividad no es solo un papel: es el pasaporte que garantiza que el local cumple con los requisitos técnicos, urbanísticos y medioambientales. Pero en lugares como Figueres, también puede implicar cumplir con criterios lingüísticos, estéticos e incluso identitarios.
Desde el punto de vista técnico, la licencia de apertura debería centrarse en cuestiones de seguridad, ventilación, evacuación o impacto acústico. Sin embargo, la realidad demuestra que cada ayuntamiento introduce sus matices, y eso genera confusión. Muchos comerciantes creen cumplir con todo cuando presentan su documentación, pero descubren demasiado tarde que el idioma del rótulo también forma parte del expediente.
En ese contexto, la polémica está servida. ¿Hasta qué punto es razonable que la rotulación forme parte de la gestión administrativa de una licencia? ¿Y dónde queda la libertad comercial? Lo cierto es que las sanciones, aunque legales, han reabierto una conversación que nunca se cerró del todo en Cataluña.
El papel del asesoramiento: una necesidad, no un lujo
El Ayuntamiento de Figueres ofrece asesoramiento lingüístico gratuito a través del Consorcio para la Normalización Lingüística, una herramienta útil, aunque insuficiente para muchos comerciantes que apenas entienden la normativa. Aquí es donde entran en juego las consultoras especializadas en tramitación de licencias y declaraciones responsables, que ayudan a evitar errores antes de que se conviertan en sanciones. En Barcelona, por ejemplo, la tramitación de una licencia de actividad barcelona requiere un conocimiento profundo del planeamiento urbanístico y de los reglamentos autonómicos, y cada detalle importa.
En Figueres, la confusión se multiplica cuando un mismo comerciante debe enfrentarse a inspecciones, requisitos técnicos y ahora también lingüísticos. No es que el catalán sea un problema —muchos lo usan con naturalidad—, sino que la imposición, en forma de multa, genera un ruido que distrae de lo esencial: la supervivencia del pequeño comercio.
La polémica más allá del idioma: identidad, política y economía
Las multas en Figueres por no usar el catalán en los rótulos no son un caso aislado, sino parte de una política más amplia que busca reforzar el uso de la lengua catalana en el ámbito público. Sin embargo, cada vez que un comerciante es sancionado, la opinión pública se divide. Unos aplauden la firmeza institucional; otros lo ven como un exceso de celo que asfixia la libertad empresarial.
En el trasfondo late una cuestión que va más allá de las normativas: la tensión entre la identidad cultural y la realidad económica. En un momento en que muchos negocios luchan por mantenerse a flote tras años de crisis, inflación y burocracia, las sanciones lingüísticas se perciben como un golpe innecesario. Y, sin embargo, la administración insiste: cumplir con la ley es parte del compromiso ciudadano.
Hacia una gestión más equilibrada y moderna
Quizá el reto esté en encontrar un punto medio. En entender que proteger la lengua no debe significar penalizar la iniciativa. Que fomentar el catalán puede hacerse con incentivos y acompañamiento, no solo con multas. Y que, al final, lo que un comerciante necesita no es una inspección más, sino una administración más ágil, comprensible y cercana.
Las licencias de actividad deberían ser un puente entre la norma y la economía, no un campo minado de requisitos cambiantes. Rotular en catalán, cumplir con los permisos urbanísticos o tramitar correctamente una declaración responsable no deberían ser trabas, sino pasos naturales dentro de un sistema bien diseñado.
Por lo tanto, las multas en Figueres por no usar el catalán en los rótulos son solo la punta visible de un iceberg mucho más profundo: el de la necesidad urgente de simplificar y humanizar la relación entre administración y comercio. Porque, en última instancia, un rótulo en catalán no salvará a un negocio, pero una licencia bien tramitada puede marcar la diferencia entre abrir o cerrar la persiana.
