El caso Teatre llega al Constitucional: las familias denuncian que la justicia protege al Ayuntamiento de Murcia.
Las familias de las víctimas del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ocurrido el 1 de octubre de 2023 en Atalayas (Murcia), han hecho público su profundo malestar ante el reciente Auto 836/2025 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia. En el trágico suceso perdieron la vida 13 personas, y dos años después, el dolor sigue entrelazado con un sentimiento de injusticia.
La resolución judicial ha rechazado abrir una pieza separada para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa, vinculado a la concesión y control de licencias municipales que habrían permitido el funcionamiento irregular de los locales. Ante esta negativa, los familiares y colectivos personados han anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, defendiendo su derecho a la tutela judicial efectiva.
Un caso que reabre el debate sobre la seguridad y la gestión municipal
El razonamiento de la Audiencia Provincial sostiene que no existe una relación directa entre el delito de homicidio imprudente, eje de la causa principal, y la presunta prevaricación administrativa. Según el tribunal, no hay “conexidad” entre ambos delitos, conforme al artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cada delito debe investigarse en una causa independiente, salvo en casos excepcionales de relación directa o de encubrimiento.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas, esta interpretación jurídica limita la búsqueda de la verdad completa. Alegan que las irregularidades administrativas y las decisiones municipales en torno a la licencia de actividad de las discotecas podrían haber sido factores determinantes en el desastre.
La importancia de la señal salida de emergencia en las tragedias de locales cerrados
En medio de las discusiones legales, surge un tema crucial que trasciende los tribunales: la seguridad en los espacios de ocio nocturno. Los informes técnicos revelaron deficiencias en la infraestructura de las discotecas, entre ellas la falta de una señal salida de emergencia adecuada y visible. Este elemento, aparentemente menor, es vital en situaciones de pánico, pues orienta a los asistentes hacia una ruta de escape rápida y segura.
El cumplimiento estricto de las normativas sobre señalización de emergencias, salidas libres de obstáculos y planes de evacuación actualizados no solo es una obligación legal, sino también una cuestión de responsabilidad social. Cada luminaria, cada señal y cada puerta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Carencias estructurales y la ausencia de un cartel salida de emergencia conforme a la ley
Diversos peritajes mencionan que, durante el incendio, la visibilidad era prácticamente nula y los asistentes no encontraban cartel salida de emergencia alguno que guiara su huida. Este detalle ha reavivado el debate sobre las inspecciones municipales y la vigencia de las licencias de funcionamiento.
Las asociaciones ciudadanas reclaman que se refuercen las medidas de supervisión y control de locales públicos, especialmente en materia de señalización, salidas de emergencia y capacidad máxima autorizada. En un contexto donde los errores humanos y las negligencias administrativas se cruzan, cada norma ignorada se convierte en una amenaza latente.
Reacción pública y repercusión en las noticias nacionales
La cobertura mediática del caso ha sido amplia y constante. Las noticias sobre el incendio y sus consecuencias han mantenido viva la atención ciudadana, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por la percepción de opacidad institucional.
El anuncio de que las familias llevarán su lucha al Tribunal Constitucional ha generado un nuevo debate público. Colectivos de víctimas y expertos en derecho penal cuestionan la falta de investigación sobre las responsabilidades políticas y administrativas. Para muchos, el Ayuntamiento de Murcia debería someterse a un escrutinio más exhaustivo respecto a la emisión y control de las licencias que permitieron el funcionamiento del complejo Teatre–Fonda Milagros.
El razonamiento jurídico frente al reclamo social
El Auto 836/2025, fechado el 1 de octubre de 2025, es la tercera resolución que descarta la posibilidad de investigar el posible delito de prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ya había rechazado esa línea en noviembre de 2023 y marzo de 2024. La Sala de la Audiencia Provincial, compuesta por tres magistrados, se apoyó nuevamente en la falta de conexión procesal.
No obstante, los representantes legales de las familias sostienen que no puede entenderse la tragedia sin analizar las decisiones previas que permitieron el funcionamiento del local. La omisión de controles, la falta de inspecciones periódicas y la aparente tolerancia ante irregularidades configuran, según ellos, un patrón de responsabilidad institucional compartida.
El reclamo ante el Tribunal Constitucional
Con el recurso de amparo, las familias no solo buscan justicia para sus seres queridos, sino también sentar un precedente jurídico que obligue a las administraciones públicas a rendir cuentas ante situaciones de negligencia. Alegan que se ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al impedirse una investigación completa sobre las posibles responsabilidades administrativas.
El Tribunal Constitucional deberá ahora decidir si admite el recurso y si existen fundamentos para revisar la actuación judicial previa. En caso afirmativo, podría abrirse una nueva etapa en la investigación, que incluiría la revisión del papel del Ayuntamiento de Murcia y de los funcionarios involucrados en la concesión de licencias.
Seguridad ciudadana y prevención: una lección que no debe repetirse
Más allá del proceso judicial, la tragedia del 1 de octubre de 2023 deja una lección indeleble: la prevención salva vidas. Los expertos en seguridad insisten en que todos los locales de ocio deben contar con señalización luminosa, sistemas contra incendios, salidas amplias y visibles, y revisiones técnicas periódicas.
Cada cartel de salida de emergencia, cada detector de humo y cada protocolo de evacuación representan una capa de protección esencial. La memoria de las 13 víctimas de Atalayas debe servir para fortalecer una cultura de seguridad real, donde la normativa no se vea como un trámite, sino como una garantía de vida.
Un futuro marcado por la búsqueda de justicia y transparencia
Mientras las familias esperan la respuesta del Constitucional, el caso Teatre continúa siendo un símbolo del enfrentamiento entre la legalidad formal y la justicia moral. Lo que para algunos es una cuestión procesal, para otros es la diferencia entre la impunidad y la rendición de cuentas.
En Murcia, la sociedad civil exige reformas profundas en la gestión de licencias y controles municipales, para que tragedias como la de Atalayas no vuelvan a repetirse. Porque detrás de cada expediente administrativo hay historias humanas, familias rotas y una comunidad que no olvida.
